Accesibilidad digital — Ley 11/2023, RDLeg 1/2013 y UNE-EN 301 549

Accesibilidad digital en derecho español — Ley 11/2023 (transposición Acto europeo), RDLeg 1/2013, RD 1112/2018, norma UNE-EN 301 549 (WCAG 2.1 AA), declaración de accesibilidad.

La accesibilidad digital es, en derecho español, una obligación de orden público derivada del principio de igualdad y no discriminación (art. 14 CE) y del derecho a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. El marco normativo combina el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, y la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios — transposición del Acto Europeo de Accesibilidad (Directiva (UE) 2019/882) que extiende a buena parte del sector privado obligaciones equivalentes a las del sector público a partir del 28 de junio de 2025. España aplica el estándar técnico europeo armonizado UNE-EN 301 549, alineado con las WCAG 2.1 nivel AA del W3C.

Marco general español

El marco normativo español sobre accesibilidad digital se ha construido por estratos sucesivos:

  • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (TR Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social) — refunde la legislación previa (Ley 51/2003 LIONDAU; Ley 49/2007). Establece el derecho a la accesibilidad universal (art. 2.k) — definida como « la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible ». Su artículo 22 fija las condiciones básicas de accesibilidad y su Disposición Adicional 3.ª remite el desarrollo reglamentario a normas específicas.
  • Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (ratificada por España en 2007, vigor 2008) — incorpora la perspectiva del modelo social de la discapacidad y el principio de ajustes razonables.
  • Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público — transposición de la Directiva (UE) 2016/2102. Impone obligaciones técnicas, de declaración y de mecanismo de reclamación a las Administraciones Públicas y a las entidades del sector público.
  • Ley 11/2023, de 8 de mayo — transposición de la Directiva (UE) 2019/882 (Acto Europeo de Accesibilidad o European Accessibility Act, EAA). Extiende las obligaciones de accesibilidad a buena parte del sector privado en sectores específicos. Entrada en vigor general el 28 de junio de 2025 (DT 1.ª).

Estándar técnico aplicable: UNE-EN 301 549 (WCAG 2.1 AA)

La norma de referencia es la UNE-EN 301 549 — norma española que reproduce la EN 301 549 europea, armonizada y obligatoria conforme a la Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048 — alineada con las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivel AA del W3C. La norma se estructura en torno a los cuatro principios POUR:

  • Perceptible — la información y los componentes de la interfaz deben presentarse a los usuarios de modo que puedan percibirlos (textos alternativos para imágenes, subtítulos para vídeo, contraste mínimo de color).
  • Operable — los componentes y la navegación deben ser operables (accesibilidad de teclado, tiempo suficiente, evitar contenidos que provoquen convulsiones, ayudas a la navegación).
  • Comprensible — la información y el manejo de la interfaz deben ser comprensibles (lenguaje legible, comportamiento predecible, asistencia en la entrada de datos).
  • Robusto — el contenido debe ser suficientemente robusto para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de usuario, incluidos los productos de apoyo (compatibilidad con tecnologías asistivas — lectores de pantalla como JAWS, NVDA, VoiceOver; software de reconocimiento de voz; dispositivos de seguimiento ocular).

La norma anterior UNE 139803 (norma española sobre accesibilidad web), aprobada en 2004 y revisada en 2012, fue superada por la UNE-EN 301 549 y se conserva como antecedente. La UNE-EN 301 549 cubre no solo el contenido web sino también las aplicaciones móviles, los documentos electrónicos (PDF, ODT, DOCX), los chatbots, las herramientas de autoría y los productos hardware.

Ámbito subjetivo de la Ley 11/2023

La Ley 11/2023 amplía sustancialmente el círculo de obligados respecto del RD 1112/2018. El art. 2 distingue productos y servicios:

Productos cubiertos (a partir del 28 de junio de 2025):

  • Sistemas de hardware de uso general con SO de propósito general (ordenadores, tablets).
  • Terminales de autoservicio (cajeros, máquinas de venta de billetes, terminales de facturación).
  • Equipos terminales de consumidor con capacidad informática interactiva utilizados para servicios de comunicaciones electrónicas (smartphones, routers).
  • Equipos terminales de consumidor con capacidad informática interactiva utilizados para acceder a servicios de comunicación audiovisual.
  • Lectores electrónicos.

Servicios cubiertos:

  • Servicios de comunicaciones electrónicas (operadores telefónicos, mensajería interpersonal).
  • Servicios que faciliten el acceso a servicios de comunicación audiovisual (guías electrónicas, programación).
  • Determinados elementos del transporte de pasajeros (información de viaje, expedición de billetes, asistencia, embarque).
  • Servicios bancarios para consumidores (banca online, banca móvil).
  • Libros electrónicos y programas informáticos especializados utilizados para acceder a ellos.
  • Servicios de comercio electrónico.

Microempresas exentas para servicios: el art. 4 exime a las microempresas (menos de 10 trabajadores y volumen de negocio anual o balance general anual no superior a 2 millones de euros) que presten servicios. La exención no se aplica a productos: las microempresas que comercializan productos cubiertos deben cumplir el régimen.

Sujetos pendientes: a partir del 28 de junio de 2030, los terminales de autoservicio utilizados antes de la fecha de aplicación de la Ley podrán seguir utilizándose si fueron puestos en servicio antes del 28 de junio de 2025, aplicándose un régimen transitorio.

Obligaciones del sector privado a partir del 28 de junio de 2025

Los operadores económicos sujetos deben:

  • Diseñar y elaborar productos y servicios accesibles, conforme a los requisitos del Anexo I de la Ley (información, diseño de la interfaz, soporte, compatibilidad con productos de apoyo).
  • Acompañar los productos de información accesible sobre su funcionamiento y sus características de accesibilidad (manuales en formatos accesibles, etiquetado).
  • Garantizar la accesibilidad de los servicios durante toda su prestación, incluida la información precontractual, la celebración del contrato y la atención al cliente.
  • Publicar una declaración de accesibilidad análoga a la del RD 1112/2018 (art. 13 Ley 11/2023): contenido, formato accesible, mantenimiento anual.
  • Atender las reclamaciones sobre incumplimientos de la accesibilidad.

Obligaciones específicas del sector público (RD 1112/2018)

El Real Decreto 1112/2018 sigue aplicándose al sector público (administraciones, entes instrumentales, sociedades de capital público) y los obliga a:

  • Garantizar la accesibilidad de todos los sitios web y aplicaciones móviles puestos a disposición del público, conforme a UNE-EN 301 549.
  • Publicar una declaración de accesibilidad (art. 15 RD 1112/2018) con contenido detallado: identificación de la entidad, estado de conformidad (total, parcial o no conformidad), lista de no conformidades, fechas de elaboración y revisión, método de evaluación, datos de contacto, mecanismo de reclamación.
  • Mantener actualizada la declaración (revisión anual) y publicarla en formato accesible.
  • Designar una Unidad responsable de accesibilidad (art. 16) en cada departamento ministerial y en cada entidad significativa del sector público.
  • Establecer un mecanismo de comunicación y solicitud de información accesible.
  • Permitir las quejas a los usuarios.
  • Someterse a la supervisión del Ministerio competente (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) y a la auditoría periódica.

La declaración de accesibilidad

La declaración de accesibilidad es el documento público mediante el cual la entidad obligada expone el estado de conformidad de su sitio web o aplicación móvil con los requisitos de accesibilidad. Conforme al modelo publicado por la Comisión Europea y al Anexo del RD 1112/2018, debe incluir:

  • Identificación de la entidad y del perímetro funcional cubierto (sitio web, aplicación, intranet).
  • Estado de conformidad: plenamente conforme / parcialmente conforme / no conforme, con indicación de los criterios afectados.
  • Contenido no accesible: lista detallada de las no conformidades por criterio EN 301 549, motivos (incompatibilidades técnicas, terceros, etc.), alternativas ofrecidas.
  • Preparación de la declaración: fecha de elaboración, método de evaluación (autoevaluación, evaluación por tercero), fecha de la última revisión, frecuencia de actualización.
  • Mecanismo de comunicación: datos de contacto para reportar problemas, solicitar información alternativa, presentar quejas; plazo de respuesta.
  • Procedimiento de aplicación: información sobre el órgano competente para reclamar (OPAM en sector público; en privado, autoridades administrativas competentes).

El RD 1112/2018 prevé una revisión anual de la declaración. La Ley 11/2023 obliga a una revisión equivalente para el sector privado a partir del 28 de junio de 2025.

Mecanismos de reclamación

Para el sector público, el art. 17 RD 1112/2018 establece que el usuario puede presentar:

  • Comunicación: solicitud de información o queja al responsable del sitio (plazo de respuesta de 20 días hábiles).
  • Reclamación: si la respuesta es insatisfactoria, ante la Unidad Responsable de Accesibilidad del departamento competente.
  • Recurso administrativo y judicial: agotada la vía administrativa.

El órgano específico de coordinación y vigilancia es la Oficina Permanente Especializada (OPAM) del Consejo Nacional de la Discapacidad (CERMI actúa como interlocutor del tejido asociativo). El Real Decreto 1414/2006 regula la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad.

Para el sector privado (Ley 11/2023), la disposición adicional 5.ª designa a las autoridades competentes de vigilancia del mercado (Ministerio de Industria, autoridades sectoriales — CNMC para telecomunicaciones, Banco de España para banca) según el producto o servicio. La autoridad competente puede imponer medidas correctivas e iniciar el procedimiento sancionador.

Régimen sancionador

El RDLeg 1/2013 califica las infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en leves, graves y muy graves (art. 80). Las cuantías de las sanciones se fijan en el art. 83:

  • Leves: hasta 30 000 €.
  • Graves: 30 001 € a 90 000 €.
  • Muy graves: 90 001 € a 1 000 000 €.

La Ley 11/2023 establece un régimen sancionador específico en su Título V. Las infracciones se clasifican igualmente en leves, graves y muy graves (art. 27 Ley 11/2023). Las sanciones pueden alcanzar 1 millón de euros en supuestos de infracciones muy graves repetidas (art. 28), con posibilidad de medidas accesorias (decomiso, prohibición de comercializar, publicación). Las autoridades de vigilancia del mercado son competentes para incoar y resolver los procedimientos sancionadores.

Los criterios de graduación incluyen la intencionalidad, la reiteración, los perjuicios causados y el volumen de negocios de la empresa.

Articulación con otros derechos

La accesibilidad digital se articula con varios derechos paralelos:

  • Protección de datos personales (RGPD): el principio de privacy by design del art. 25 RGPD incluye la obligación de que el diseño técnico no obstaculice el ejercicio de derechos por personas con discapacidad. La información a los interesados (arts. 13, 14) debe ser accesible — la AEPD lo confirma en sus directrices sobre transparencia. La política de privacidad debe estar publicada en formato accesible.
  • Igualdad y no discriminación: la inaccesibilidad sistemática puede constituir discriminación por motivo de discapacidad sancionable conforme al RDLeg 1/2013 y, en supuestos graves, al art. 314 del Código Penal (delito de discriminación en el empleo).
  • Defensa de los consumidores y usuarios: el TRLGDCU exige información clara y comprensible (art. 80) — un servicio inaccesible para personas con discapacidad infringe simultáneamente este principio y las obligaciones de accesibilidad.
  • Contratación pública: el art. 126 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, exige que en los pliegos de las prescripciones técnicas se contemplen criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. Las administraciones que adquieran software o servicios web exigen el cumplimiento de la UNE-EN 301 549.

Casuística administrativa y jurisprudencial

La consolidación del marco se ha apoyado en:

  • Decisiones del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz: recomendaciones sobre la accesibilidad de servicios bancarios, administrativos y educativos.
  • Recomendaciones del CERMI: documentos técnicos sobre la implantación.
  • STS, Sala 3.ª, 10 de mayo de 2018 (sobre la accesibilidad de la sede electrónica) — confirmación de la obligación administrativa de garantizar el acceso pleno.
  • STS, Sala 3.ª, 25 de mayo de 2022, n° 706/2022 (sobre contratación pública y accesibilidad) — el incumplimiento de criterios de accesibilidad puede determinar la nulidad del pliego.
  • STC 269/2000, de 14 de noviembre — referente sobre el principio de igualdad real y efectiva del art. 9.2 CE como base de las obligaciones positivas en favor de las personas con discapacidad.
  • Auditorías Observatorio de Accesibilidad Web — informes anuales del Ministerio sobre el cumplimiento por las Administraciones.

Plan de cumplimiento operativo

Para preparar la entrada en vigor de la Ley 11/2023 (28 de junio de 2025) y mantener el cumplimiento posterior, las entidades deben:

  1. Auditoría inicial: combinación de herramientas automáticas (Wave, axe DevTools, Lighthouse) y manuales (revisión con tecnologías asistivas — JAWS, NVDA, VoiceOver, Dragon NaturallySpeaking). Las herramientas automáticas detectan solo entre el 25% y el 35% de los criterios — la evaluación manual es indispensable.
  2. Plan de adecuación: priorización de las correcciones según impacto y riesgo legal; cronograma.
  3. Formación del personal: equipos de diseño, desarrollo, contenido, atención al cliente. La accesibilidad es transversal.
  4. Integración en el ciclo de desarrollo: accessibility-by-design desde la fase de diseño; tests de regresión de accesibilidad en el pipeline CI/CD.
  5. Auditorías periódicas externas: recomendables anualmente para confirmar el grado de conformidad.
  6. Declaración de accesibilidad: redacción, publicación, revisión anual.
  7. Mecanismo de reclamación: punto de contacto accesible (correo electrónico, formulario, teléfono — con servicio de relay accesible si procede).
  8. Documentación interna: ajustes razonables aplicados, motivaciones de las exenciones, decisiones técnicas.

Referencias cruzadas

Bibliografía

Aviso legal: El contenido de este manual es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Última verificación: 12 de mayo de 2026. Consulte a un abogado colegiado en España para decisiones vinculantes.