Contrato de servicios con trabajador autónomo — redacción en derecho español

Referencia para la contratación de autónomos en derecho español — Ley 20/2007 (LETA), distinción con la relación laboral (ajenidad, dependencia, retribución), jurisprudencia falso autónomo (caso Glovo), TRADE, Ley Rider 12/2021, consecuencias de la requalificación.

El contrato de prestación de servicios con un trabajador autónomo — contrato de arrendamiento de servicios, contrato de servicios profesionales, contrato mercantil en el lenguaje corriente — es uno de los instrumentos contractuales más frecuentes y, simultáneamente, uno de los más expuestos a litigio en el derecho español. La cuestión central no es la redacción del documento sino la calificación jurídica de la relación: ¿se trata realmente de una prestación de servicios entre profesionales independientes regida por el Código civil y por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), o se trata de una relación laboral encubierta sometida al Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET, RDLeg 2/2015)? La respuesta determina la totalidad del régimen aplicable: cotización a la Seguridad Social (RETA vs. Régimen General), terminación (libre vs. causa tasada con indemnización), jurisdicción competente (mercantil vs. social), responsabilidad solidaria del cliente, sanciones administrativas. Esta página presupone el marco general expuesto en derecho de los contratos y la orden de pedido para los aspectos operativos.

El criterio decisivo: las notas tipológicas del contrato de trabajo

El art. 1.1 TRLET define el contrato de trabajo mediante cinco notas tipológicas cumulativas: la prestación se realiza (i) voluntariamente, (ii) por cuenta ajena (ajenidad), (iii) retribuida, (iv) bajo el ámbito de organización y dirección del empleador (dependencia), y (v) con personalidad (intuitu personae). La concurrencia acumulada de las cinco notas — apreciada por el juez social a la luz del conjunto de circunstancias y no de la denominación elegida por las partes — califica la relación como laboral.

La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, Sala Cuarta de lo Social, ha precisado el alcance de cada nota:

  • Ajenidad: el trabajador no asume los riesgos económicos de la actividad ni se apropia directamente de sus frutos. Tres modalidades: ajenidad en los frutos (los resultados pertenecen al empleador), ajenidad en los medios (los instrumentos de trabajo son del empleador), ajenidad en la titularidad de la organización empresarial (el cliente es quien organiza el mercado y la clientela).
  • Dependencia: el trabajador presta su servicio bajo el círculo organizativo y rector del empleador. Indicios: jornada y horario fijados, control directo de la actividad, uso de medios del empleador, integración en su estructura productiva, asignación de tareas a través de sistemas de gestión (incluidos algoritmos).
  • Retribución: pago periódico no necesariamente fijo (admite comisión, productividad, salario por unidad de obra). La forma del pago — factura vs. nómina — no es por sí sola determinante.

La interpretación es funcional, no formal: la sola firma de un contrato denominado « mercantil » o « de prestación de servicios », el alta del prestador en el RETA, o la facturación con IVA no impiden la requalificación en relación laboral si las notas tipológicas concurren materialmente.

Jurisprudencia falso autónomo: el caso Glovo

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta de lo Social, en Pleno, de 25 de septiembre de 2020 (Rec. 1815/2019) marcó un hito en la jurisprudencia europea sobre plataformas digitales. El Tribunal declaró el carácter laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores (riders), aun cuando la plataforma sostenía la naturaleza de prestación de servicios entre operadores independientes. El razonamiento del Tribunal Supremo identificó indicios decisivos de ajenidad y dependencia adaptados a la realidad digital:

  • Ajenidad: los repartidores no negociaban el precio (fijado unilateralmente por Glovo mediante algoritmo), no establecían relación directa con el comerciante o el consumidor final, y no podían apropiarse del valor de la marca o de la organización del mercado de la entrega.
  • Dependencia: la asignación de pedidos se realizaba mediante un sistema algorítmico opaco (puntuación de excelencia, score) que penalizaba el rechazo, las desconexiones o el incumplimiento de plazos; el algoritmo organizaba materialmente el círculo rector que el Estatuto exige para configurar una relación laboral.

La doctrina del caso Glovo fue codificada por el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo (Ley Rider) — posteriormente Ley 12/2021 — que introdujo en el art. 8.2 TRLET una presunción de laboralidad específica para la actividad de reparto de productos a través de plataformas digitales de mediación. La presunción es iuris tantum pero invierte la carga de la prueba en favor del trabajador.

El Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)

La LETA articula, junto al régimen general del autónomo, una figura intermedia: el Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE). El art. 11 LETA exige tres requisitos cumulativos:

  1. Que el autónomo perciba al menos el 75 % de sus ingresos por rendimientos del trabajo y actividades económicas o profesionales de un solo cliente.
  2. Que cumpla las características generales del autónomo: medios propios, organización propia, asunción del riesgo y ventura.
  3. Que el contrato esté formalizado por escrito y registrado en el servicio público de empleo correspondiente.

El TRADE goza de un régimen híbrido más protector que el autónomo común sin alcanzar el del trabajador por cuenta ajena: derecho a la interrupción anual de la actividad (« vacaciones » — al menos 18 días, art. 14 LETA), derecho a una indemnización por extinción contractual sin justa causa (art. 15 LETA), jurisdicción del orden social para los litigios relativos al contrato (art. 17 LETA). El reconocimiento del estatus de TRADE corresponde al propio autónomo mediante comunicación al cliente, quien dispone de un mes para oponerse (art. 12.2 LETA).

Consecuencias económicas y penales de la requalificación

La requalificación de una falsa relación de servicios en relación laboral por parte de la jurisdicción social produce consecuencias económicas significativas:

  • Cotizaciones a la Seguridad Social: la empresa debe abonar las cotizaciones del Régimen General no ingresadas (cuota empresarial + cuota obrera con recargos del 20 % y intereses), con cuatro años de plazo de prescripción (art. 53 LGSS, RDLeg 8/2015). Los recargos por descubierto pueden representar el 20 % de las cotizaciones devengadas (art. 30 LGSS).
  • Reconocimiento de antigüedad del trabajador desde el inicio efectivo de la relación, con derechos derivados (vacaciones, pagas extras, salario mínimo, convenio colectivo aplicable).
  • Sanciones administrativas conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS, RDLeg 5/2000). El art. 8.2 LISOS califica como infracción muy grave el alta indebida en el RETA por parte de quien tendría que cotizar al Régimen General; las multas varían de 7.501 a 225.018 € por trabajador afectado.
  • Despido: si la empresa intenta resolver la relación, deberá hacerlo conforme a las causas del TRLET (art. 49 y ss.); en caso contrario, la extinción se considerará despido improcedente (33 días por año, art. 56 TRLET) o nulo (con readmisión obligatoria, art. 55 TRLET).
  • Responsabilidad penal corporativa: en supuestos graves de evasión sistemática, posible aplicación del art. 311 CP (delitos contra los derechos de los trabajadores).

Cláusulas indispensables para evitar el riesgo

La redacción del contrato no puede crear una relación independiente cuando los hechos materiales configuran una relación laboral, pero puede acreditar la independencia cuando ésta existe efectivamente. Cuatro cláusulas son indispensables:

  1. Autonomía organizativa: el autónomo organiza su trabajo según su propio criterio profesional, sin jornada ni horario impuestos por el cliente, sin obligación de asistencia presencial, sin uso obligatorio de medios del cliente.
  2. Multicliente: posibilidad expresa de prestar servicios a otros clientes; si no se reserva expresamente, conviene al menos no excluirla. La exclusividad fáctica refuerza el indicio de dependencia.
  3. Medios propios: el autónomo aporta sus medios técnicos (equipo, software, vehículo según el sector); cuando excepcionalmente se proporcionan medios del cliente (acceso a sistemas, despacho ocasional), debe ser por razones técnicas justificadas y limitadas.
  4. Riesgo y ventura: el autónomo asume el riesgo económico del éxito o fracaso, lo que se materializa en cláusulas de retribución por resultado (no horaria), garantía de calidad y aceptación, cláusula penal por defecto.

Régimen económico y cotización

El autónomo cotiza al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA, RDLeg 8/2015 art. 305 y ss.). Desde el 1 de enero de 2023, el sistema de cotización se basa en los rendimientos netos reales del autónomo, con quince tramos de cotización progresivos (RD-Ley 13/2022). El sistema continúa transitoriamente hasta 2032 con ajustes periódicos.

La factura del autónomo debe incluir, como regla general, IVA al tipo aplicable (21 % general, 10 % o 4 % reducido según el bien o servicio) y, cuando el cliente sea persona física o entidad obligada a retener (art. 76.1 RIRPF, RD 439/2007), retención del 15 % a cuenta del IRPF (7 % los tres primeros años de actividad, art. 95.1 RIRPF). El cliente debe verificar el alta del autónomo en el RETA y en Hacienda mediante el certificado correspondiente.

Régimen de propiedad intelectual

A diferencia de la relación laboral, donde el art. 51 TRLPI prevé la transmisión automática de los derechos de explotación de las obras creadas por el empleado en el ejercicio de sus funciones, en la relación con el autónomo no opera ninguna transmisión automática. El art. 43 TRLPI exige cesión expresa por escrito, con especificación de modalidades de explotación, territorio y duración. La omisión deja al cliente con una licencia tácita limitada a la finalidad concreta del encargo. Para los desarrollos de software, la cesión debe ser explícita y abarcar (i) la reproducción, (ii) la distribución, (iii) la comunicación pública, (iv) la transformación.

Terminación y cláusulas de salida

La relación con el autónomo común puede extinguirse libremente conforme a lo pactado y, en defecto de pacto, mediante preaviso razonable (art. 1583 CC analógicamente). La relación con un TRADE registrado requiere causa o, en su defecto, indemnización (art. 15 LETA). La cláusula penal de salida es habitual en contratos con autónomos por proyecto, calibrada conforme al art. 1152-1155 CC.

Pactar una no competencia poscontractual con un autónomo es posible pero más matizado que en relación laboral: requiere objeto definido, duración limitada, ámbito territorial limitado, y compensación económica adecuada (jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplicación analógica del art. 21.2 TRLET). Sin compensación, la cláusula es nula por restricción excesiva de la libertad de empresa (art. 38 CE).

Jurisprudencia clave

  • STS, Sala 4.ª (Pleno), 25 septiembre 2020, Rec. 1815/2019 (caso Glovo): carácter laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores; doctrina sobre la dependencia algorítmica en plataformas digitales.
  • STS, Sala 4.ª, 25 enero 2018, Rec. 3104/2016: criterios de calificación de la relación de trabajo en el sector de transporte de mercancías; primacía de la realidad sobre la denominación contractual.
  • STS, Sala 4.ª, 6 octubre 2010, Rec. 4053/2009: las notas tipológicas del art. 1.1 TRLET deben apreciarse conjuntamente a la luz del conjunto de circunstancias; la denominación elegida por las partes es irrelevante.
  • STS, Sala 4.ª, 11 mayo 2009, Rec. 3704/2007: el TRADE — caracterización y consecuencias del estatus.
  • STJUE, 22 abril 2020, Yodel, C-692/19: criterios europeos de calificación del trabajador económicamente dependiente — los servicios prestados con flexibilidad horaria, sustitutibilidad y multicliente no excluyen necesariamente la calificación de relación laboral si los demás criterios concurren.

Referencias cruzadas

Bibliografía

Aviso legal: El contenido de este manual es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Última verificación: 12 de mayo de 2026. Consulte a un abogado colegiado en España para decisiones vinculantes.